Informar en el Perú: una labor cada vez más peligrosa

El 2025 será recordado como el año más violento para el ejercicio del periodismo en el Perú. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), se registraron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación, además del asesinato de cuatro periodistas mientras cumplían su labor informativa.

Las cifras evidencian un escenario alarmante donde informar, fiscalizar y denunciar se ha convertido en una actividad de alto riesgo, especialmente frente a la ausencia de respuestas firmes por parte del Estado.

Agresiones sistemáticas y silencios forzados

El informe detalla agresiones físicas, amenazas directas, hostigamiento judicial, campañas de difamación en redes sociales y restricciones al acceso a la información pública. Estas prácticas, lejos de ser hechos aislados, se repiten en un contexto de tolerancia e impunidad.

En las regiones del país, los periodistas locales enfrentan condiciones aún más adversas, trabajando sin protección, con recursos limitados y bajo constante presión de actores políticos, económicos y criminales.

Cuatro periodistas asesinados en 2025

Uno de los puntos más graves del informe de la ANP es la confirmación del asesinato de cuatro periodistas durante el 2025. Ellos son:

  • Gastón Medina Sotomayor, director de Cadena Sur TV, asesinado en Ica tras denunciar presuntos hechos de corrupción.
  • Raúl Celis López, periodista radial en Iquitos, atacado a balazos luego de realizar denuncias vinculadas a problemáticas locales.
  • Fernando Núñez Guevara, fundador y director de Kamila TV, asesinado en Pacasmayo tras una trayectoria marcada por el periodismo independiente.
  • Mitzar Castillejos Tenazoa, comunicador de Aguaytía, quien falleció 14 días después de ser víctima de un ataque armado.

En la mayoría de estos casos, las investigaciones avanzan lentamente o permanecen estancadas, reforzando la percepción de que en el Perú matar a un periodista puede quedar impune.

Un Estado ausente frente a la violencia

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el Estado peruano no ha implementado mecanismos eficaces de prevención y protección para periodistas en riesgo. La falta de políticas públicas claras y de respuestas oportunas profundiza una crisis que afecta directamente a la democracia.

Sin una prensa libre, crítica y protegida, la ciudadanía pierde su derecho a estar informada y el poder queda sin fiscalización.

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