Un proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay plantea permitir que los pagos realizados por extorsión —los llamados «cupos»— sean considerados como “pérdidas extraordinarias” y, en consecuencia, puedan deducirse del cálculo del Impuesto a la Renta mediante una declaración jurada y documentación probatoria. La iniciativa ha generado rechazo en sectores que advierten que la medida podría normalizar la extorsión y abrir la puerta a fraudes tributarios.
La propuesta fue difundida públicamente tras la presentación formal del proyecto y desde su difusión ha provocado un intenso debate sobre las implicancias fiscales, legales y de seguridad ciudadana.
Qué propone el proyecto
Según el texto presentado, la modificación consistiría en incorporar a la Ley del Impuesto a la Renta la posibilidad de que los contribuyentes acrediten como “pérdidas extraordinarias” los pagos realizados por extorsión. Para acogerse a esta deducción, el contribuyente debería presentar una declaración jurada con firma legalizada y documentación que respalde el hecho —según el documento del proyecto. El proyecto incluye mecanismos formales de acreditación para evitar la revictimización del contribuyente.
Críticas de especialistas: ¿normalizar la extorsión?
En una entrevista con Stone Noticias, el contador y docente Jarvis Macahuachi expresó fuertes reservas sobre la iniciativa. Macahuachi advirtió que la norma, en los términos difundidos, podría dar «beneficio o legalidad a las extorsiones» y permitiría que algunos contribuyentes inventen pagos extorsivos para reducir su carga tributaria. “No puedes legalizar un acto delincuencial para dar con estos beneficios”, señaló en la conversación.
El especialista subrayó dudas prácticas: ¿cómo comprobará la SUNAT que un pago fue efectivamente una extorsión si, en muchos casos, los extorsionadores emiten recibos o documentación informal que podría ser utilizada para fines fraudulentos? Macahuachi calificó el proyecto como “jalado de los cabellos” desde el punto de vista tributario y advirtió que la medida no contribuye a combatir la inseguridad sino que corre el riesgo de normalizarla.
Reacciones públicas y posición de la SUNAT
Tras la difusión del proyecto, varios medios nacionales informaron y recogieron críticas de analistas y ciudadanos. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se registraba un pronunciamiento oficial de la SUNAT sobre la viabilidad técnica y jurídica de la propuesta; medios han señalado que la entidad fiscalizadora tendría criterios específicos para determinar deducciones y comprobación de gastos. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Riesgos fiscales y legales
Expertos tributarios consultados por la prensa advierten que permitir deducciones por declaración jurada sin un procedimiento exigente de verificación podría incrementar la evasión y generar litigios complejos entre contribuyentes y la administración tributaria. Además, la normativa actual exige que los gastos deducibles estén debidamente sustentados y correspondan al giro del negocio; la generalización de pérdidas por extorsión como deducibles abriría un campo de interpretación amplio que, según críticos, podría ser explotado por malos actores.
Qué sigue: trámite legislativo
El proyecto ha sido registrado formalmente y, como ocurre con toda iniciativa, deberá seguir el trámite de comisiones y eventual debate en el Pleno del Congreso. Analistas indican que, dada la controversia y las objeciones técnicas, el proyecto podría recibir reservas en los órganos técnicos o no avanzar en el calendario legislativo, aunque esto dependerá del apoyo político que logre reunir.
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